En el Líbano estaban esperando con expectativa este informe de la Contraloría Departamental. Denuncias, en especial de las concejalas Dana Castro y Sandra Grisales, lo mismo que ciudadanos como Dairo Castellanos y veedurías, sobre presuntos malos manejos de los recursos públicos y negligencia en el cumplimiento de las labores, quedan refrendadas en el informe entregado. Un informe nada alentador.

La concejal Sandra Grisales por la Colombia Humana, señala que este informe deja mucho que pensar “malos manejos de esta y las anteriores administraciones, haber si reflexionamos cuando demos el voto por estos parásitos”. Agregó la concejal Sandra que en citación a la Secretaria de Hacienda se analizó el tema presupuestal, “encontrando presunta doble contabilidad presupuestal, todo está saliendo a la luz”.

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Multas de tránsito si cobro efectivo

De acuerdo con el informe de la Contraloría Departamental, según los estados financieros revisados, se estableció que al 31 de diciembre de 2020, el municipio tiene una cartera de $1.771’001.588, equivalente a multas por infracciones de tránsito.

Se especifica que existen comparendos con fechas superiores a tres años, por valor de $1.096’187.757, cartera que abarca desde el 2003 al 2017, es decir esto cobija a varias administraciones, pero en especial al primer periodo como alcalde de Antonio Giraldo 2012-2015 y Germán Castellanos, 2016-2019.

 Según la revisión del equipo auditor de la Contraloría arroja que por las deficiencias presentadas en la aplicación del Código Nacional de Tránsito, se encontró un detrimento patrimonial por $228’347.745.

Ineficiencia en cobro de impuestos

Determina el ente de control departamental que a diciembre de 31 de 2020, la cartera por concepto de impuesto predial es de $2.809.932.002, de los cuales $1.869’708.238 tienen más de 5 años. Cartera que data desde antes del año 1999.

La evidencia de fallas protuberantes en la gestión de cobro coactivo se da entre los años 2012-2015, es decir, en el primer periodo de alcalde del Líbano, Jesús Antonio Giraldo. La Contraloría dice que al no realizarse una correcta gestión de cobro, el municipio incurrió presuntamente en un detrimento patrimonial por $568.700.275.

Situación similar ocurre con el cobro del impuesto de industria y comercio, donde la Contraloría dice que por la falta de mecanismos de seguimiento y control han contribuido a generar incertidumbre frente a la situación financiera del municipio. Por ello en el periodo 2012-2015 se produjo un presunto detrimento patrimonial de $127’523.763.

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Jalón de orejas a Secretaria de Hacienda

El análisis de la Contraloría refiere un caso de extrema gravedad, donde se evidencia total ineficiencia de la Secretaria de Hacienda, Lizeth Yureidy Alape Prieto. El hecho tiene que ver con un fraude electrónico de que fue víctima la Alcaldía del Líbano el 22 de octubre de 2020. De una de las cuentas de la Alcaldía en Davivienda fueron sustraídos $316’400.000. De este monto, el banco ha hecho devolución de $65’988.000. La Contraloría establece un detrimento patrimonial de $250.412.000.

Lo grave del asunto es que, según la Contraloría, la denuncia ante la Fiscalía solo se hizo hasta el día primero de diciembre de 2020. “este ente de control reprocha que la administración Municipal no tenga una reclamación formal al Banco Davivienda desde el mismo día en que se evidenció el posible hurto, de igual forma ese mismo día se debió proceder a instaurar la denuncia en la Fiscalía”, anota el informe de la Contraloría.

Desorden en almacén

En otro de los hallazgos, la Contraloría señala que una vez revisado los bienes devolutivos en el área de almacén, se identificó gran cantidad de inservibles, que no están en uso y que no han sido dados de baja, lo que indica que dichos bienes que dichos bienes no han sido depurados.

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Se pasa por la faja el SECOP

Una de las normas indispensables para darle transparencia a los procesos de contratación es la utilizar debidamente la herramienta del Secop. Por eso, el  llamado de atención que hace la Contraloría en el informe, donde afirma que no se publicaron los contratos en debida forma, lo que es un indicador de incumplimiento que configura presunta falta disciplinaria,

Lo mismo que se revela desorden en las reservas presupuestales, cuentas por pagar, en el recaudo, debilidades en el sistema de control interno, desorganización en el registro de los bienes del municipio, se encontró que existen terrenos y edificios pendientes de legalizar “Denotando que está pendiente por parte de la entidad, demostrar jurídicamente la propiedad legal de estos bienes inmueble”.