“Vemos con preocupación los ataques y acusaciones que formula el señor alcalde en contra de las veedurías, culpando y señalando que no queremos que los escenarios se terminen; de esta manera, nos sentimos amenazados con estas declaraciones temerarias y tememos por lo que estas afirmaciones negativas puedan llegar a repercutir en el buen nombre de nuestros miembros y la integridad de nosotros y nuestros familiares”, reza uno de los apartes del comunicado que se vio obligado a expedir la red de veedurías agrupadas en REDEPORT.

En el comunicado que responden a las declaraciones del alcalde Hurtado, La red de Veedurías Redeport, dice también que como grupo ciudadano el único interés es que los recursos públicos sean utilizados de la mejor manera y que los escenarios deportivos entregados sean de calidad y acordes a las necesidades de la ciudadanía y a las inversiones y asignaciones presupuestales.

En lo que denominan observaciones y aclaraciones, Redeport afirma que es “falso que la construcción o terminación de los escenarios deportivos en Ibagué dependan de las veedurías ciudadanas, pues nuestro único rol es hacer control ciudadano de las inversiones públicas conforme lo dispone la Ley 850 de 2003”.

Aclaran que las veedurías ciudadanas no han tenido nada que ver en la falta de rigor técnico en los procesos licitatorios que han sido mal planeados y sustentados. En ese orden ponen como ejemplo, el coliseo mayor (una vez declarado desierto y una vez suspendida su ejecución) y la terminación de las piscinas de la 42 (dos veces declarada desierta); “por ello la única responsable de esta situación ha sido la administración municipal a través de su secretaria de infraestructura”, afirman.

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En otro aparte del comunicado donde las veedurías expresan con dureza el malestar que les ha causado las declaraciones de Hurtado, señalan que “Las veedurías ciudadanas no tenemos la responsabilidad con la falta de planeación y ejecución de la obra, nada tenemos que ver con la falta de acero en el mundo, razón que era muy bien sabida por la Administración Municipal desde la apertura del proceso en el SECOP II y que los ganadores del proceso debieron de planear y solucionar incluso desde el momento de aspirar a hacer esta obra y mucho más cuando se le fue adjudicada”.

Añaden también que las veedurías tampoco son responsables de que la compra de las pólizas de garantía por parte del ganador de la licitación del coliseo mayor se haya demorado alrededor de dos meses, tiempo en el cual dicha obra no pudo ponerse en marcha así estuviera adjudicada.

Afirma igualmente Redeport que nada tienen que ver con la no terminación de una obra como la del urbanismo de la unidad de la 42, la cual está a cargo del IMDRI (Instituto a cargo de la alcaldía municipal) y que debió haber sido entregada en octubre del año 2020, aún con la adición por causa de la pandemia.

Declaraciones mentirosas

Enfatiza el comunicado de las veedurías que las declaraciones del alcalde Andrés Hurtado son mentirosas al hacer referencia a que los proyectos del complejo acuático y el coliseo menor de la unidad de la calle 42 no han comenzado “porque las veedurías no han dejado al Gobernador” y “algunos votaron en contra de la realización de los escenarios”. En ese sentido aclaran que las obras no han podido comenzar porque sencillamente no se tiene asignación presupuestal, pues esta solicitud fue rechazada en la Asamblea Departamental, para el caso del complejo acuático del parque deportivo, como forma de control político que en el paso nunca ha realizado el concejo de Ibagué, porque algunos diputados vieron con preocupación que dichos escenarios no se llevarían de buena manera y con mala planeación, como ha sido constante en la administración Ibagué Vibra.

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No escenarios a la carrera

De igual manera señala el comunicado que Redeport “jamás se prestará para el cruel e indecoroso juego de usar la necesidad, el desgaste y la desesperación de los deportistas, entrenadores, clubes, ligas deportivas, padres de familia y ciudadanía en general para que se esté de acuerdo con unas inversiones tan altas en relación a escenarios y tomando como referencia la misma inversión en otras ciudades como para que en Ibagué se realicen unos escenarios a la carrera, sin el cumplimiento de la normas técnicas internacionales y sin las necesidades deportivas y competitivas de la ciudad de Ibagué”.

Finalmente el comunicado remata que “Las veedurías ciudadanas estamos contempladas dentro de la constitución política de Colombia, como una herramienta de control ciudadano, control que hemos realizado en todo momento, incluso desde el 2015 y dicho control se ha realizado de la misma manera sin distintivo de color, credo o afiliación política”.