Ni cacerolazos ni caravanas en favor o en contra de la decisión tomada. Fue una decisión hecha en derecho y como tal debe ser acatada y respetada por todos.

Los líderes políticos de todos los partidos e ideologías, incluido el Presidente de la República,  están en la obligación de mostrar total grandeza en este momento. Obrar con responsabilidad a la hora de hacer declaraciones, es lo más conveniente para el país.

La Corte Suprema de Justicia ha producido un comunicado donde explica de manera detallada, todo el proceso que finalizó con la orden de detención en contra del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, dejarle a la justicia que sea ella en su leal saber y autonomía, que obre en libertad, sin presión de ningún lado.

Se ha repetido con insistencia como una máxima que sostiene el sistema democrático y la divisiones de poderes, sobre las cuales se basa nuestro sistema, que "nadie está por encima de la ley". En estas condiciones, pensamos que el proceso contra el expresidente y senador del Centro Democrático, debe seguir su curso con las garantías procesales que se le han brindado al hoy procesado, y esperar la culminación de este caso que pueda durar otros años más.

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En otros países, por motivos diferentes al que nos ocupa con el senador Uribe, hay expresidente detenidos como en los casos de Perú, donde tiene a cuatro, en Brasil, Panamá y Paraguay, entre otros. También en otros como la Argentina, Ecuador y Bolivia, entre otros, existen procesos contra expresidentes. No es el primer caso que se presenta en Latinoamérica, y debemos asumirlo sin exageraciones políticas.     

Es el momento de guardar serenidad y tranquilidad. Entender que aunque existe un hilo muy delgado entre lo jurídico y lo político, en este caso especialmente, es imperativo sostener la institucionalidad y saber discernir entre lo uno y lo otro. No politizar este viejo y largo proceso que lleva más de ocho-doce años, en los despachos de las altas cortes.

Así unos compartan la decisión de la Corte Suprema de Justicia y otros la rechacen, es prudente guardar respeto por la decisión, nos guste o no. Y acudir a los canales institucionales para hacer valer los derechos que las partes consideren tener. 

De otra forma, sería caer en la ley del monte y dar Patente de Corso al barbarismo judicial, que consideramos superado hace muchos años.