Tras el consejo de seguridad presidido por el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco y con la presencia del secretario del Interior Alexander Tovar, así como con el acompañamiento de las principales autoridades del Tolima, se determinó asegurar la integridad de los líderes sociales del departamento que en estos momentos no están bajo protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

El mandatario de los tolimenses aseguró que “el Gobierno Departamental y las autoridades del Tolima no se pueden quedar en consejos de seguridad donde simplemente se cuente lo que está ocurriendo, sino que se deben tomar acciones eficaces que protejan la vida de los líderes sociales y sus familias”. 

• Puede leer: Tras consejo de seguridad en el sur del Tolima, gobierno anuncia acciones

Durante el consejo de seguridad, algunos líderes amenazados expusieron sus casos al Gobernador del Tolima y al secretario del Interior, quienes fijaron una ruta de acción para que las autoridades implicadas en la protección de líderes amenazados tomen acciones de manera inmediata y así estas personas puedan continuar con sus actividades laborales y personales con el acompañamiento de la UNP.

Durante la reunión se evidenció que los municipios que reportan amenazas a líderes sociales son: Venadillo, Chaparral, Rioblanco y Lérida, en donde el Gobernador del Tolima exigió a la Policía del Tolima adelantar los trámites para garantizarles seguridad.
 
“Quiero dejar claro la obligatoriedad que tenemos las instituciones. Solicito toda la información y denuncias que se tiene sobre los líderes sociales en el Departamento. Para este gobierno es primordial la vida de ellos y haremos todo lo posible para garantizarle la integridad a cada persona en el departamento del Tolima”, dijo Ricardo Orozco.

El consejo de seguridad concluyó con las medidas que tomarán las autoridades durante las manifestaciones sociales que se efectuarán este martes 21 de enero. Frente a este tema, el Gobernador recalcó la seguridad y el respeto por los manifestantes y con la fuerza pública para no llegar a confrontaciones que perjudiquen la tranquilidad del departamento.