Rosa Ángela Gutiérrez Fairfoot, exsecretaria de la Asociación de Vivienda de Interés Social Balcones de Prado de Mariquita, fue condenada por el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima), a la pena de 14 años y 10 meses de prisión (178 meses) por el delito de estafa agravada —modalidad masa— de la que fueron víctimas más de 1300 personas que perdieron una suma cercana a los $4.000’000.000, en el año 2017 en San Sebastián de Mariquita.

La mujer, quien para la época de los hechos era la esposa del mandatario de la municipalidad tolimense, deberá pagar además una multa de 1500 salarios mínimos legales vigentes para ese entonces. Además, fue inhabilitada para ejercer cargos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal.

Es de recordar que la encartada, en la audiencia preparatoria realizada en mayo pasado, aceptó la responsabilidad de uno de los dos delitos por los que la había acusado la Fiscalía, es decir, por el que ayer se emitió esta condena. Por ello, se produjo una ruptura procesal y el ente acusador continuará la investigación por el punible de enriquecimiento ilícito.

De igual manera el juzgado especializado, que acogió los argumentos y pruebas presentadas por la Fiscalía, ordenó compulsa de copias para que se investigue a otras personas que pudieron haber participado en la estafa masiva a los ciudadanos mariquiteños, en caso de que aún no se les haya vinculado al proceso.

Los motivos de esta condena

La investigada Gutiérrez Fairfoot se ganó la confianza de la población por su reconocimiento en la sociedad como la primera dama del municipio. Así, comercializó a través de la citada asociación, 175 lotes de un predio rural con capacidad para construir el mismo número de viviendas de interés social, asegurando que su esposo modificaría el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para que este fuera urbano.

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El predio habría sido adquirido por su hoy exesposo, Alejandro Galindo Rincón, cuando fue concejal.

Vendió y revendió

Se logró demostrar que pese a que ella conocía que los lotes no eran urbanizables, los comercializó y revendió, llegando a tener un mismo lote hasta 8 propietarios, a quienes no les entregaban escrituras, sino que les suscribían una carta de venta.

Incluso pudo haber revendido en 640 oportunidades, y 191 veces más, a través de terceros en calidad de comisionistas.

Gracias a esto, la procesada al parecer tuvo un incremento patrimonial injustificado y, entre los años 2010 y 2017, se dice que realizó movimientos por más de $6.000’000.000 en sus cuentas personales, lo cual sigue siendo objeto de investigación.

Igualmente, se trata de establecer si los dineros adquiridos ilícitamente de la venta y reventa de los lotes se usaron para el pago de nómina y dádivas para impulsar la campaña a la Alcaldía de Mariquita 2016-2019.

Esta sentencia es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.