La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad la situación de Álvaro Uribe Vélez, quien era investigado por "soborno a testigos y fraude procesal". Al actual senador se le impuso la medida de detención domiciliaria, es decir, que deberá afrontar su derecho legítimo a la defensa desde su residencia, privado de la libertad. 

Los hechos

La decisión en contra del expresidente Uribe se tomó "con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia", informa la Corte. Las "conductas reprochadas" se dieron a partir del 16 de febrero de 2018, por una denuncia que Uribe Vélez interpuso en contra del senador Iván Cepeda, quien salió ileso de las acusaciones del expresidente. 

Ante la sospecha de manipulación de testigos, la Corte le abrió un proceso formal a Álvaro Uribe el 24 de julio de 2018, y en octubre de 2019 lo llamó a declarar. 

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"Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción", explica la Corte. 

Mediante decisión unánime, la #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ ordena detención preventiva domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez @AlvaroUribeVel, como presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal. Ver https://t.co/bbo30a0gct pic.twitter.com/t3K2iKSmzb

— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 4, 2020

A renglón seguido, detalla que el material que compromete a Uribe tiene que ver con "pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal".

La casa por cárcel la ordena la Corte para evitar posibles fugas u obstrucciones a la justicia, que pudiera efectuar Álvaro Uribe.

Según el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, “se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba", enseña la Corte.