Por Dairo Castellanos Moreno

Una nube de polvo corrupto llegó  al Líbano desde que se inició este gobierno. Su administración es bien ciega frente a algo tan esencial para el Líbano como es el PBOT.

Una de las principales discusiones del fracaso de este gobierno está relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT),  pues nadie entiende cómo funciona el municipio sin PBOT.

 Desde que inició este gobierno fracasado, ya se han escuchado diversas voces que se preguntan a qué extremo hemos llegado, por la conducta obtusa de un gobierno que está de espaldas a la realidad del municipio, pero ¿qué es lo que establece este proyecto?.
En esencia, los planes de ordenamiento territorial son instrumentos que definen de qué forma crecerán los territorios en los próximos 12 años. Esto quiere decir que establece hacia dónde y cómo serán los municipios o ciudades en cuanto a construcción de nuevas viviendas, vías, protección de recursos naturales, actividades productivas, patrimonio y espacio público, lo que finalmente nos incumbe a todos, porque en resumen, nos indica qué va a pasar en nuestros barrios o las zonas por donde transitamos.

Esto lo reglamenta la Ley 388 de 1997, en la que se establece que los PBOT son instrumentos que se plantean en las entidades territoriales con más de 30.000 habitantes (como el Líbano, que tiene 47 mil). En estos documentos se determinan acciones a largo y mediano plazo, así como sistemas de comunicación entre el área urbana y rural, la localización de equipamientos básicos y reglas urbanísticas, entre otras cosas.

Como se deben armonizar tantos factores determinantes y variados para la ciudad, la definición de estos documentos se hace a partir de diagnósticos de las zonas de riesgo (inundaciones, deslizamientos), los lugares con déficit de transporte, colegios u hospitales, así como proyecciones de la población en 15 años o las necesidades de viviendas que se tendrá para el futuro.

Pero no es un documento basado únicamente en los datos y las necesidades, ya que finalmente queda en manos de los mandatarios decidir con sus equipos de planeación cuál es la ciudad que se proyecta. Esto se puede abordar desde diferentes puntos. Por ejemplo, en el marco urbanístico un mandatario puede decir que va a habilitar suelo urbano para construir nuevas viviendas o por el contrario, va a priorizar la renovación urbana, es decir la construcción de nuevos equipamientos y edificios de apartamentos en zonas donde predominan viviendas de una o dos plantas.

También está en sus manos definir qué zonas deben protegerse; dónde se permite la construcción de bares, cementerios y cárceles, o determinar si se habilita un mayor o menor espacio para la minería. Por otro lado, pueden definir nuevos lineamientos urbanos relacionados de cuántos pisos se pueden construir en una zona o cuáles deben ser las compensaciones de los constructores por cada piso que levantan, en otras cosas.

Por esto, los PBOT no son una decisión netamente de una alcaldía. Primero, deben pasar por una concertación ambiental con la Secretaría de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR), mientras que a la par se deben habilitar los mecanismos para que la ciudadanía opine y haga sus propuestas. De allí pasa a los consejos territoriales de planeación (compuesto por diferentes organizaciones de la sociedad civil) que, en un mes, deben dar un concepto sobre el documento propuesto. Vale aclarar, este pronunciamiento no es vinculante, es decir que la administración tiene libertad de acoger o no las recomendaciones.

Por último, el proyecto debe llegar al Concejo. Allí, los cabildantes tendrán 90 días para decidir si aprueban o no el articulado, ya que, de no alcanzar a hacerlo en este plazo, la alcaldía podrá aprobar el proyecto tal y como se lo presentó por decreto.

En el caso del Líbano, la discusión se debió dar en los primeros 6 meses de este gobierno, situación que no se ha dado, hoy cuando ya han pasado 21 meses de gobierno sin PBOT, procedimiento que ha llevado al municipio al fracaso, al desorden, a la improvisación y a la ilegalidad. 

Por lo pronto, está claro que temas como la participación ciudadana en la estructuración del documento, los planes alrededor de las invasiones ilegales  y la priorización de la renovación sobre la expansión urbana no serán discutidas por este alcalde, pues su actitudes es irresponsable.