La Contraloría General de la República le trasladó al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, el hallazgo que encontró en una investigación por las denuncias en presuntas irregularidades en la contratación de casas fiscales de la Policía en el municipio de San Luis en el Tolima.

Es de recordar que el director de la Polícia es investigado por la Procuraduría  sobre las presuntas irregularidades presentadas en este proyecto, donde las casas fiscales hoy son elefantes blancos.

Según la Contraloría General, las casas no tienen hoy un uso productivo, no están cumpliendo su finalidad, que era "garantizar vivienda fiscal en condiciones de seguridad y cercanía al lugar de trabajo para los instructores y personal de planta de la unidad Cenop (Ciudadela de la Policía)". 

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De acuerdo a la Contraloría, el detrimento de $ 5.364 millones se habría generado porque en el contrato "no hubo una adecuada planeación y ejecución" y el proyecto de vivienda está abandonado desde hace cuatro años, sin que se evidencie algún tipo de gestión para ser terminado. 

Dice el ente de control, que el daño patrimonial se divide en dos: 5.132 millones por lo invertido en la obra, y 231 millones en la interventoría. El primer contrato, el de obra, se suscribió con la firma Socar Ingeniería Ltda., y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 La Contraloría General reitera que la segunda etapa de la ciudadela en el municipio de San Luis, para construir 51 casas fiscales, se firmó por un valor total de 7.000 millones de pesos, ejecución de recursos que había quedado a cargo del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.  

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Esas casas no fueron terminadas y hoy no tienen condiciones para ser habitadas. Así, las irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto llevaron a que la obra quedara desfinanciada y que hoy sea un 'elefante blanco', pues no hay recursos para terminarla.  

Una situación que llamó la atención de  la Contraloría es que para construir las 51 casas se había dado un plazo de ejecución de tres días, ya que en el acta de inicio aparece como fecha el 27 de diciembre del 2012, y el plazo de ejecución va hasta el 31 de diciembre. Ese fallo en la planeación llevó a que al contrato se le hicieran cuatro prórrogas.