La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Decreto 517 del 4 de abril del 2020, dio una serie de orientaciones a los alcaldes del país que decidan asumir el pago de la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas combustible de la población más vulnerable.

Los mandatarios locales pueden usar las herramientas legales que les permitan gestionar recursos para asegurar la continuidad en la prestación de estos servicios, y asumir el pago total o parcial de los usuarios, mientras permanezca vigente la Emergencia Económica, Social y Ecológica que vive el país.

La Superintendente Natasha Avendaño García, indicó que “el Gobierno les abrió a los alcaldes la posibilidad de apoyar a sus poblaciones más vulnerables a través de mecanismos que garanticen el suministro de los servicios de energía eléctrica y gas a los usuarios, sin afectar la estabilidad de las empresas prestadoras”.

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Agregó que, “en tal sentido, los mandatarios pueden girar recursos a estos comercializadores para reducir la tarifa de los usuarios que determine cada administración. Los usuarios podrán tener el beneficio, en la medida que los alcaldes asuman el pago a los prestadores. Esto, en cumplimiento del marco constitucional y legal que establece que en el país los servicios públicos no tienen carácter gratuito”.

Recibo del agua

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) debe continuar cobrando la prestación del servicio. Aunque, sus clientes de menos recursos podrán diferir el pago de sus recibos hasta en 36 cuotas.  

"Las familias de estrato uno que no puedan pagar la factura de acueducto, alcantarillado y aseo durante los meses de la emergencia por el covid-19, podrán diferir ese pago en 36 meses sin penalidades ni intereses", apuntó el ministerio de vivienda, Jonathan Malagón.