Los resultados de una reciente investigación señalan que en el Tolima, entre los años 2000 y 2015, se cometieron por lo menos 86 ejecuciones extrajudiciales o también denominados falsos positivos. 

La investigación estuvo a cargo del Observatorio Surcolombiano de derechos humanos, paz y territorio, la Universidad del Tolima y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Los resultados de la misma le fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El informe denominado 'Más que estadísticas', "documenta el asesinato de civiles presentados como muertos en combate entre el año 2000 y 2015, a partir de 60 casos con 86 víctimas". De acuerdo con la investigación, los homicidios se cometieron bajo tres modalidades:

• Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates simulados entre tropas del Ejército Nacional y grupos armados ilegales.

• Ejecuciones extrajudiciales de civiles que, aunque no fueron presentados como bajas en combate o no se cuenta con esta información, le son atribuibles al Ejército Nacional.

• Asesinatos perpetrados conjuntamente entre el Ejército Nacional y grupos paramilitares.  

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"Estos hechos comprometen la presunta responsabilidad de al menos nueve comandantes de la Quinta División, así como la participación directa de personal jerárquico de los batallones No. 18 'Jaime Rooke', de contraguerrillas Nr. 6 'Pijaos', el Nr. 16 'Patriotas' y Nr. 17 'Gral. Caicedo' y de la Brigada Móvil Nr. 8", reza el informe. 

Llama la atención que el informe habla de ejecuciones extrajudiciales, incluso después de los periodos de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues según la JEP fue en ese lapso cuando se habrían cometido los 6.402 falsos positivos documentados oficialmente. 

El informe enseña estos crímenes en dos periodos: uno comprendido entre 2000 y 2006, cuando se presentaron 20 casos con 32 víctimas, y el otro entre 2006 y 2013, con 31 casos y 51 víctimas. También apunta que hubo tres fases en la ejecución de estos falsos positivos.

La planeación 

La investigación documentó en el primer periodo comprendido entre 2000 y 2006, que las víctimas eran personas en condición socioeconómica vulnerable, habitantes de zonas rurales o lugares apartados. Algunas fueron señaladas de colaborar con grupos armados ilegales con base en información obtenida de fuentes anónimas o no verificadas. 

Se precisa el caso de cuatro víctimas, integrantes del Sindicato Agrícola de Trabajadores del Tolima (Sintragritol), que fueron catalogadas como parte del ‘enemigo interno’. 

En el caso de 25 de las víctimas, según el informe, estas fueron abordadas por parte de las tropas del Ejército y sustraídas de sus hogares, lugares de trabajo o sitios públicos, solo por señalamientos de terceros. 

Para el segundo periodo comprendido entre 2006 y 2013, el informe revela que en la fase de planeación se incorporó la práctica de los reclutadores civiles, entre ellos, se destaca Luis Jhon Castro Ramírez alias 'El Zarco', capturado en España y extraditado al país recientemente.  

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'El Zarco' aseguró haber actuado en varios de estos hechos criminales bajo las órdenes directas del Ejército y, de hecho, se encuentra investigado por la comisión de algunos de estos delitos.

El informe expone también cómo 22 de las víctimas fueron señaladas por desmovilizados o vecinos, y cinco de ellas fueron asesinadas por su rol de liderazgo social, mientras que las restantes habían sido señaladas de colaborar con la guerrilla o pertenecer a grupos ilegales.

En este periodo, 16 de las víctimas fueron sustraídas de sus hogares, lugares de trabajo o sitios públicos.  

La ejecución

Según el informe, en la ejecución de los crímenes entre los años 2000 y 2006 hubo simulación de combate y al menos a la mitad de las víctimas les fue implantado armamento o material de guerra.

En el caso de ocho víctimas se logró corroborar que la trayectoria de las balas no coincidía con la descripción.  

Además, entre 2006 y 2013, 43 de las 51 víctimas fueron presentadas como supuestos integrantes de las Farc-EP o de bandas criminales al margen de la ley. En el caso de 11 víctimas, los impactos de bala no coinciden con la descripción del combate, y a 19 víctimas les fue implantado armamento o material de guerra. 

"También se presentaron prácticas como el cambio de prendas civiles por uniformes camuflados, el traslado de los cuerpos a lugares distintos a los de los hechos y el levantamiento de cadáveres por personal militar", se lee en el informe. 

El encubrimiento 

El documento enseña que después del año 2006 sobrevino una etapa en la que las fuerzas militares trataron de obstaculizar las investigaciones de los falsos positivos. Militares habrían negado o justificado las ejecuciones extrajudiciales. 

"Solo en siete de los 60 casos documentados en este informe ha habido sentencia condenatoria y sobre el resto no hay información sobre el estado de las investigaciones", precisa.

Asimismo, se indica que el Tolima, con base en datos de la JEP, es el sexto departamento de Colombia con más falsos positivos. 

Las tres últimas víctimas datan de los años 2014 y 2015, aunque el comandante de la Quinta División para ese momento no habría registrado los hechos como ejecuciones extrajudiciales. 

En total, de los 86 homicidios ilegales que se le atribuyen entre el 2000 y 2015 al Ejército Nacional en el Tolima, 78 víctimas fueron presentadas como bajas en combate.

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Los responsables

Por lo tanto, las entidades que realizaron la investigación pidieron a la JEP que cite a versión libre a los comandantes de la Quinta División del Ejército Nacional durante los años de los falsos positivos. 

Se trata de los altos mandos Freddy Padilla de León, Reinaldo Castellanos Trujillo, Hernando Alonso Ortiz, Carlos Suárez Bustamante, Gustavo Matamoros Camacho, Jairo Antonio Herazo, Juan Pablo Rodríguez y Henry Torres Escalante.