Opinión

Hurtado vs Jaramillo, ¿quién gastará más?

Hurtado vs Jaramillo, ¿quién gastará más?

Por: Henry Rengifo


Por estos días empiezan a llegar los recibos del impuesto predial. Y seguramente en la mayoría de contribuyentes en Ibagué se despierta el clamor para que la anhelada frase que hizo célebre Antanas Mockus en Bogotá, ‘Sus impuestos en buenas manos’, llegue algún día a ser realidad en la capital del Tolima.

Es lo menos que esperarían del actual alcalde Andrés Hurtado. Pero tal como se vislumbra el panorama, parecería que la situación apunta a ser muy similar de lo que se vivió en el anterior gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo: gasto desmedido.

En el primer año de su alcaldía, Hurtado ha superado a su antecesor en lo que respeta a contratos de personal por Órdenes de Prestación de Servicio.

Mientras GAJ en su primer año de gobierno (2016) otorgó contratos de prestación de servicios por 19.745 millones de pesos, el actual alcalde Hurtado en 2020 contrató en esa modalidad, personal con un costo de 24.000 millones de pesos.

En lo que corresponde a contratos interadministrativos, convenios, compras y suministros, arriendos de oficinas, vigilancia, transporte, apoyos a diferentes entidades, la Alcaldía de Hurtado en el 2020 firmó alrededor de 90 contratos por 50.000 millones de pesos.

Solo por nombrar dos contratos, por ejemplo, para promover y fortalecer el clúster de turismo en la ciudad, la Alcaldía destinó 200 millones en convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué.

Otro convenio por 160 millones de pesos se dio con La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco seccional Tolima, cuyo objeto del contrato fue aunar esfuerzos para realizar un proceso de fortalecimiento y apropiación digital a los empresarios de la ciudad.

Desde luego, así como hubo contratos necesarios para el funcionamiento de la alcaldía, hay otros que aún esperan el ojo agudo de seguimiento por parte de los organismos de control, en este caso la Contraloría Municipal, y determinar si dichos contratos cumplieron con el propósito indicado o simplemente esa plata se perdió.

A manera de recordatorio, digamos que sobre lo que contrató en su periodo Guillermo Alfonso Jaramillo -2016-2019-, por OPS, la cifra no fue para nada despreciable:  140 mil millones de pesos. Si Hurtado mantiene la tendencia, de acuerdo con lo contratado en su primer año de gobierno, esa cifra será fácilmente superada.

Y ante esto surge la pregunta obligada. ¿Requiere hoy la alcaldía de Ibagué hacer semejante contratación de personal para poder funcionar?, máxime cuando en el gobierno anterior se hizo una reestructuración administrativa, que le permitió al Alcalde de la época dejar nombrados cerca de 300 funcionarios.

Estos hechos son los que motivan profundo inconformismo en algunos sectores de la ciudadanía, y con la ayuda de unas redes sociales cada día más escudriñadoras e implacables, la situación se vuelve más compleja para los gobernantes.  

Este martes, por ejemplo, con motivo de la audiencia de revocatoria del alcalde Hurtado, convocada por el Consejo Nacional Electoral se presentaron algunos hechos que, en lugar de ayudar al mandatario de los ibaguereños, lo que hicieron fue enlodarlo más en ese vaivén de politiquería y clientelismo.

No tiene presentación que el exconcejal Óscar Berbeo haya sido este martes uno de los más entusiastas protagonistas en las manifestaciones de apoyo al alcalde Hurtado. Su actuación refrendó de porqué no es equivocado pensar que en esa abultada contratación de 24.000 millones de pesos, se refleja un rampante actuar politiquero y clientelista.


“Es hora que en Ibagué un impuesto como el del predial no se dilapide más”.


Por supuesto, que dentro de esos 1.546 contratos por OPS sin duda deben existir designaciones justificadas de personas dispuestas a asumir con responsabilidad el trabajo asignado, pero con lo demostrado por Berbeo, pone en tela de juicio la transparencia en esa contratación que es lo que de fondo la gente hoy reclama de manera vehemente.

Óscar Berbeo fue en el 2020 uno de los 1.546 contratistas del municipio. Su contrato por 44 millones de pesos tenía como objeto “La prestación de servicios de un profesional para el desarrollo y ejecución de los diferentes programas y proyectos de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Ibagué”. Desconozco si en este momento ya le renovaron el contrato, pero después del despliegue demostrado este martes como activista defensor, lo más seguro es que sí.

Rematemos, señalando que el impuesto predial es de libre disposición y cada alcalde decide su destino de acuerdo con el plan de desarrollo. Esperemos que en el caso de Ibagué no esté lejano el día que ese recaudo se emplee de manera eficaz y transparente, en obras de calidad. Es hora que en Ibagué un impuesto como el del predial no se dilapide más. 


*Exjefe de redacción de Tolima 7 días
*Autor del libro ‘Las claves de los buenos alcaldes’

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