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domingo, octubre 10, 2021

Protección social para el adulto mayor, la deuda en América Latina

América Latina está en deuda con los adultos mayores. La desigualdad de la región en tiempos de pandemia desnudó mucho más la difícil situación en la que viven muchos de ellos. Para el 2037 el 15% de los habitantes del país tendrán edades iguales o superiores a los 65 años.
Protección social para el adulto mayor, la deuda en América Latina

Los retos de pandemia y post pandemia deben colocar en el centro de atención a los adultos mayores, que mostraron la fragilidad de un país frente a una población que crecer de manera vertiginosa y que requiere de mayor atención por parte del Estado. 

La responsabilidad por la articulación y coordinación de los actores sociales para la formulación, gestión, monitoreo y evaluación de la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez es del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que supone acciones de movilización institucional de los demás estamentos del Estado y de movilización social, para generar una visión legítima e integral de la política. 

En términos de protección social integral y como punto de partida es fundamental señalar que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. La desigualdad no sólo es alta, sino también muy persistente, a pesar de que recientemente se produjeron avances importantes en logros sociales, los cuales se reflejan en la evolución del índice de desarrollo humano, para Colombia este índice creció del 0,772 en el año 2000 a 0,807 en 2007. 

En Colombia, como en la región de América Latina, la desigualdad tiende a reproducirse debido a que el sistema político refleja un acceso diferenciado a la influencia sobre las decisiones públicas, y porque el sistema responde en forma distinta a los grupos con menos recursos y menos capacidad de presión. El logro de la igualdad en el desarrollo humano implica una redistribución del poder de influencia y una mejora en la calidad de la representación política (PNUD, 2010). 

La protección social debe, además, adecuarse no solo a la cambiante estructura de edades, sino también a las modificaciones del mercado laboral y a la economía en su conjunto. Por otra parte, la institucionalidad y los cambios que se producen en ella juegan un papel significativo en el desempeño final de los sistemas de protección social y en la capacidad de adaptación de estos a las nuevas realidades (Bertranou, 2006 citado por Cepal, 2012).
 
La protección social debe ser entendida como garantía ciudadana se enfoca en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y en los cuatro principios a ser incorporados a nivel conceptual y operativo en los sistemas de protección social: a) igualdad y no discriminación, b) participación y empoderamiento, c) rendición de cuentas y d) transparencia; estos principios generan obligaciones de carácter irrenunciable, universal y progresivo de los Estados con sus ciudadanos. 

La protección social conlleva la integración de tres pilares básicos cuando se refiere a la protección de las personas adultas mayores y la vejez: seguridad de ingresos, atención básica de salud y organización de servicios de cuidado. (Cepal, 2012). 

A continuación algunas breves precisiones respecto a los tres pilares básicos enunciados, referidos a la seguridad de ingresos, atención básica de salud y organización de servicios de cuidado. 

1.- Respecto a la seguridad de ingresos: Las políticas pensionales han aumentado cada vez más la edad de jubilación, sin embargo no se corresponde en la misma proporción la oferta de empleos para personas mayores de 60 años. Por tanto este grupo de personas entra a competir con los jóvenes que inician su vida laboral, de ahí que es común encontrar a las personas adultas mayores vinculadas a la vida laboral a través de empleo informal. 

Adicionalmente, al término de su vida laboral las personas mayores en Colombia, se convierten en el soporte de sus familias y ejercen actividades como el voluntariado, se encargan del cuidado especialmente de nietos y nietas, o de hijos o hijas en situación de discapacidad. 

Los hombres y las mujeres envejecen en formas diferentes. En general, las últimas sobreviven más, pero tienen mayores niveles de vulnerabilidad. Pueden estar sometidas a diferentes violencias, en particular a la violencia intrafamiliar, a la soledad, a ejercer de cuidadoras y a la imposibilidad de trabajo remunerado, todo lo cual las sume más en la pobreza, la dependencia funcional, la enfermedad y la discapacidad. 

2.- Respecto a la atención básica de salud: el envejecimiento humano conduce a cambios en los patrones de salud y enfermedad, llevando a que en los países en desarrollo se concentren luchas simultáneas contra las enfermedades transmisibles (responsables de altas tasas de mortalidad), y las enfermedades no transmisibles y crónicas (generadoras de dependencia funcional, discapacidad y deterioro en la calidad de vida). Esta doble carga de enfermedad impacta las condiciones económicas y sociales de los países. 

La salud de las personas, colectivos y comunidades de una sociedad comprende dos dimensiones que constituyen objeto de análisis y conocimiento experto: las condiciones de salud y la respuesta que se da a dichas condiciones; ambas categorías corresponden a las denominadas transición epidemiológica –TE y a la transición de la atención sanitaria –TAS, respectivamente. 

En el marco de esta diferenciación, la Transición Epidemiológica se define, como “el proceso de cambio a largo plazo de las condiciones de salud de una sociedad, constituido por variaciones en los patrones de enfermedad, discapacidad y muerte”(Frenk y otros, 1994). En contraste, la Transición de la Atención Sanitaria no concibe la transición como un período cronológico unidireccional, sino como un proceso dinámico de transformaciones, donde los patrones de salud y enfermedad aparecen, desaparecen o reemergen como respuesta a los cambios que tienen lugar en las dimensiones socioeconómica, política, cultural, tecnológica, demográfica y biológica. 

Específicamente, la Transición Epidemiológica se caracteriza por: 1) una disminución de la mortalidad ocasionada por enfermedades infecciosas y cuya inflexión marca el inicio de la transición, 2) un desplazamiento de la carga de la enfermedad desde los grupos de edad más jóvenes a los de edad más avanzada, 3) la sustitución de un perfil epidemiológico donde predomina la mortalidad, por otro donde predomina la morbilidad crónica. Este hecho configura una paradoja de morbilidad creciente con mortalidad decreciente. El perfil descrito genera una profunda transformación del significado social de la enfermedad y de sus efectos. 

Desde el marco de la TAS, “una transición no es cualquier cambio; es el cambio que sigue a un patrón identificable y que ocurre durante un período relativamente largo” y se caracteriza en función de atributos como: 1) los patrones básicos de cambio en la morbilidad, mortalidad y discapacidad, 2) la secuencia de las etapas, 3) el momento de inicio de la transición, 4) la dirección de los cambios y 5) la distribución de los perfiles entre los diferentes grupos. 

3.- Respecto a la organización de servicios de cuidado, la demanda de cuidado está aumentando en América Latina debido a tres causas principales: el número considerable de niños y niñas, el envejecimiento de la población y el incremento del número de personas con algún nivel de dependencia por razones de salud. Actualmente la región enfrenta una demanda de cuidado concentrada principalmente en la niñez, sin embargo en el futuro cercano serán las personas adultas mayores y las personas con dependencia funcional las que constituirán la carga de asistencia mayoritaria. Por tanto, en un contexto de transición demográfica como el que ocurre en la región, hay que anticipar las acciones y prepararse para enfrentar las transformaciones que se avecinan. (Cepal, 2012b) 

Se calcula que esta inversión en la relación de cuidados, desde los niños y niñas hacia las personas adultas mayores, sucederá en Colombia alrededor de los próximos veinte años, a juzgar por los estudios sobre velocidad del envejecimiento que demuestran que al año 2037 el 15% de los habitantes del país tendrán edades iguales o superiores a los 65 años. 

En consecuencia, es necesario transitar hacia la construcción de la dependencia funcional y el cuidado como asuntos de responsabilidad colectiva, que deben ser atendidos mediante prestaciones y servicios que maximicen la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos, en el marco de los sistemas de protección social. Las respuestas públicas para la atención de esta problemática han de concebirse como una extensión del quehacer estatal, que impone ciertas obligaciones inmediatas con respecto a los que precisan ayuda y a quienes la brindan. (Cepal, 2012) 

Merece especial atención el concepto de cuidado entendido desde referentes antropológicos como la experiencia por la que atraviesan todos los seres humanos, de recibir cuidado de alguien, como condición indispensable de supervivencia y de que sólo a consecuencia del cuidado recibido, el ser humano esté en capacidad de cuidar de sí mismo y cuidar de otros. 

Por otra parte, la organización del cuidado se entiende como la acción social dirigida a garantizar la supervivencia social y orgánica de las personas que carecen o han perdido la independencia personal y que necesitan ayuda de otros para realizar las actividades esenciales de la vida diaria (Huenchuan, 2014). En particular, durante los últimos años ha venido creciendo la importancia de los cuidados a largo plazo durante la vejez, que incluyen servicios de atención de las necesidades tanto médicas como no médicas de las personas adultas mayores que no pueden cuidar de sí mismas durante largos períodos. Los cuidados a largo plazo adoptan dos modalidades: atención domiciliaria e institucional. La atención institucional es el alojamiento y el cuidado de una persona en una entidad especializada. Por atención domiciliaria se entienden generalmente a los servicios prestados por profesionales en casa de la persona mayor (Naciones Unidas, 2010a en Cepal, 2009).



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