Trabajadores adscritos a las contralorías tanto de Ibagué como del Tolima, protagonizaron en pleno centro de la capital tolimense, un plantón para mostrar su total rechazo a la propuesta del Contralor de la Republica, de acabar los órganos de control en ciudades y departamentos, y buscar empresas privadas para hacer las gestiones que realizan los auditores de las contralorías territoriales.

Desde el momento en que se conoció la propuesta de Edgardo Maya, que dejaría a más de 10 mil trabajadores sin empleo, los funcionarios de las contralorías territoriales han dado a conocer su rechazo total a través de comunicados, manifestaciones y plantones como los realizados ayer en algunos municipios.

En Ibagué, al frente del palacio municipal cerca de 50 personas se reunieron para levantar su voz de protesta frente al proyecto que se llevaría al Congreso de la República. Los funcionarios solicitan mayor fiscalización a los entes y rechazan la posibilidad de eliminar sus cargos, tal y como lo ha propuesto la Contraloría General de la República.

El contralor (e) de Ibagué, Diego Mauricio Visash, se refirió a la situación de las contralorías, argumentando que “el proyecto que tiene el Contralor General, para afectar a estos órganos de control, no solo causaría afectaciones a nivel laboral, sino que muy probablemente incrementaría la corrupción en el país, al tener unos procesos muchos más demorados”.

De igual manera, algunos de los funcionarios de la Contraloría Departamental, señalaron que con ese proyecto presentado por el contralor general Edgardo Maya Villazón, se pretende contratar a auditores privados para hacer las investigaciones disciplinarias. Igualmente señalan que “las contralorías territoriales son eficientes, y que los funcionarios son ‘sacrificados’ para trabajar por las exigencias que las mismas imponen. Ellos argumentan que la solución no es eliminar las contralorías territoriales.

Los funcionarios de estos entes de control en Ibagué y el Tolima, hicieron un llamado a los congresistas para que este proyecto de ley no sea aprobado, porque según ellos, de ser así “reinaría la impunidad en el país”. Igualmente señalan que las jornadas de rechazo seguirán en cada oficina del país, pero en ningún momento se interrumpirá la prestación del servicio a la comunidad.