El Juzgado séptimo de garantías acusó de homicidio tentado, en concurso y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, a la juez de Ataco, su progenitora y a un tío de la funcionaria, por solicitud de la Fiscalía 11 de la unidad de vida.

Los detenidos fueron identificados como Lilia Alberta Ospina Ortegón  María Alberta Fuentes Ortegón madre de la anterior y José Ismael Ortegón Caicedo tío de la funcionaria, quienes según las investigaciones se pusieron de acuerdo para ejecutar un plan macabro que tenía como objetivo principal acabar con la vida de la nueva pareja sentimental del exmarido de Ospina Fuentes, pero antes de ello, con la de su hijastra por considerarla un estorbo en su vida.

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La togada entonces, según las investigaciones recopiladas a la fecha, habría pagado a dos sujetos para que asesinaran a Mirna Gisela Torres Sáenz (nueva pareja), atentado sicarial que fue ejecutado el 20 de marzo del año en curso en el barrio Parrales de Ibagué, cuando la víctima fue herida con arma de fuego en un hombro, mientras se movilizaba en su vehículo en compañía de otra mujer.

Es así como en complicidad con sus parientes, la juez supuestamente planeó el atentado que fue protagonizado por Juan David López Orozco y José Raúl Vélez Torres, quienes poco después fueron detenidos como los posibles autores materiales del hecho.

Se tiene conocimiento que estos hombres fueron contactados en febrero y traídos desde Granada (Meta), al parecer, por la progenitora de la funcionaria, mientras que su tío había conseguido las armas para cometer el crimen. Por ello las mujeres fueron imputadas en calidad de determinadoras.

En el transcurso de la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, se dejó entrever que Ospina Fuentes tendría la intención de mandar a ejecutar otro homicidio. El de su hijastra de 29 años por problemas personales, pero este jamás se ejecutó ya que no lograron localizarla en Cali (Valle del Cauca) en donde reside, por lo que finalmente desistieron del plan por órdenes de la jueza y empezaron a hacerle seguimiento a Torres Sáenz.

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Entre los elementos de prueba y evidencia física con los que cuenta el ente acusador, se encuentran las búsquedas selectivas en bases de datos donde se constató que la funcionaria hizo varios giros por altas sumas de dinero a los presuntos sicarios.

También, inspecciones judiciales, experticias técnicas, análisis link y de información; declaraciones juradas de la víctima en las que asegura que su única enemiga es la procesada de quien habría recibido mensajes y llamadas intimidantes, entre otras labores propias de policía judicial realizada por miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Ibagué.